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En total estado de indefensión está quedando en la señora Eva «N» de Comitán luego que la Fiscalía General del Estado extraviara el expediente penal de su pareja a quien denunció ante la Fiscalía Fronterizo Sierra.

Lo extraño  es que en la era del Internet, de lo  digital y de las comunicaciones se pueda hablar de pérdida de documentos y actuaciones ministeriales.

Aquí el gran problema es que se trata de delitos contra los integrantes más endebles de la familia, como la madre y sus menores hijos a quienes el imputado podría volver a violentar.

La persona denunciada en contra de quien la señora Sara «N» interpuso formal querella es muy conocida en esta ciudad y a quien se le ubica como como el sobrenombre de «Mariachi».

Los delitos que se le reprochan al presunto agresor son de violencia familiar que contempla el Código Penal del Estado de Chiapas en su artículo 198:

«Comete el delito de violencia familiar el o la cónyuge, concubina o concubinario, el pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el tutor, el curador, el adoptante o el adoptado que lleve a cabo cualquier acto u omisión, mediante el uso de medios físicos o emocionales, en contra de la integridad de cualquiera de los integrantes de la familia, con el fin de acosarla, dominarla, someterla, controlarla, denostarla, denigrarla, mediante el maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual, patrimonial y económico, independientemente de que se produzcan o no lesiones o se realice cualquier otro delito, sin que dicha conducta deba ser consecutiva o reiterada».

Pero si el expediente penal sigue perdido el delito o los delitos cometidos quedarán en total impunidad.

El artículo 199 establece sin embargo que:

«Al que cometa el delito de violencia familiar, se le impondrá de cinco a ocho años de prisión, una multa de sesenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la pérdida o suspensión de los derechos de familia respecto de la víctima; a juicio de la juzgadora o el juzgador, atendiendo a las circunstancias del hecho, la prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él, la separación del sujeto activo del domicilio en caso de que lo cohabite con la víctima y la Jueza o el Juez estime oportuna esta medida y el apercibimiento para que se abstenga de molestar a la víctima o a otros miembros de la familia».

Pero el «Mariachi» en lugar de los 8 años de cárcel seguirá disfrutando de su libertad para violentar a su esposa e hijos, corriéndose el riesgo, inclusive, de llegar hasta el FEMINICIDIOS.

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