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Santiago Igartúa

El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño rebatió a detractores y expertos en educación que han cuestionado el uso de las fuerzas de seguridad federal en el marco de la aplicación de la evaluación docente, “corazón” de la reforma educativa.

“Me parece que quedó claro y quedó evidenciado que de no haber existido esta importante seguridad para garantizar este derecho, posiblemente no se hubiera podido realizar la evaluación en algunos lugares del país”, declaró el funcionario en la gira promocional que cada semana realiza por las escuelas del país.

Luego de agradecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal (PF) por el “apoyo”, argumentó:

“Claramente sigue habiendo grupos, cada vez más minoritarios, cada vez con menos seguidores, que por la violencia intentaron impedir que se realizará esta evaluación y el derecho que tienen los maestros a la evaluación. Sin embargo, no pudieron lograr este objetivo, gracias precisamente al dispositivo de seguridad que se tuvo.

“Este dispositivo de seguridad muestra el empeño y la voluntad del Estado mexicano por cumplir con las leyes educativas y por garantizar con plena y absoluta seguridad el derecho de los maestros para poderse evaluar”, dijo Nuño.

Cuestionado sobre el caso de Chiapas, estado en el que un miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de 21 años perdió la vida durante los enfrentamientos entre inconformes y policías federales, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia respondió:

“El caso de Chiapas me parece que es claro: a pesar de que algunos elementos de la coordinadora intentaron generar violencia, no pudieron. El operativo fue exitoso porque se llevó a cabo la evaluación, que era el objetivo central, y se pudo llevar a cabo la evaluación sin contratiempos, dentro de los centros de evaluación, y eso fue gracias a que la policía pudo garantizar este derecho de los maestros a evaluarse”.

Por el contrario de lo que piensan sus críticos, Nuño hizo un balance “positivo” del proceso de evaluación. Habló de casi 132 mil trabajadores de la educación que se sometieron al examen, de un total de 152 mil convocados, aclarando que aquellos que por causas justificadas no realizaron sus pruebas serán reprogramados en los primeros meses de 2016.

“Estamos hablando de un porcentaje de participación superior al 80%; sí contabilizamos a todos los estados, salvo los cuatro estados donde ha habido mayores resistencias”, dijo, en referencia a los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde la participación fue de un 35, 45, 70 y 59% respectivamente.

Sobre las versiones de que serían casi cuatro mil los docentes despedidos a consecuencia de la prueba de desempeño, Nuño dijo no tener un cifra “última”. Y aclaró:

“En los próximos días daremos el dato de a cuántos de estos maestros los estaremos dando de baja. Será una proporción muy pequeña (…) Serán los maestros que de plano se nieguen completamente a hacer la evaluación a quienes tengamos que separar del servicio, pero el balance es muy positivo. Los maestros que se presentaron a la evaluación no van a perder su empleo, no van a perder sus prestaciones laborales”.

A las declaraciones del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien en repetidas ocasiones calificó de administrativa y laboral la reforma educativa, sin encontrar aún su sentido pedagógico, el secretario defendió que esta representa “el cambio más importante que se ha tenido en décadas” en la materia.

Finalmente, sobre las repetidas demandas de la coordinadora por entablar un debate con la SEP, contundente, su titular afirmó que el encuentro debería ser en términos de respeto a la reforma o no sería.

“El diálogo no puede ser para ver cómo no cumplir con la Reforma, el diálogo no puede ser para ver cómo se viola la ley, el diálogo no puede ser buscando únicamente un show político.

“Yo no voy a aceptar diálogos que no están buscando un beneficio para la educación, sino que están buscando algún objetivo político y que son diálogos que en todo caso lo que buscan es cómo no cumplimos con la ley”, concluyó. Fsur.

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