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A nivel estatal, 96% de los delitos denunciados durante 2018 no fueron resueltos por las autoridades, reveló un informe de la organización México Evalúa.
El documento titulado Hallazgos 2018: seguimiento del sistema de justicia penal en México también indica que las cifras no son mejores cuando se trata de delitos del fuero federal, pues la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial no concluyeron 94% de las indagatorias.
El informe, presentado ayer, concluyó que, aunque algunos estados han mejorado en la implementación del sistema penal acusatorio, aún existen circunstancias que impiden una mayor procuración de justicia.
Por ejemplo, 93% de los delitos sigue sin ser denunciado; la desconfianza en las autoridades y la idea de que ir al Ministerio Público es una pérdida de tiempo son, según el estudio, los principales motivos por los que ocurre esto.
Aunque la gran mayoría de los crímenes no llega a instancias judiciales, México Evalúa detectó que los defensores públicos padecen una saturación de casos: en promedio, cada abogado representa a 219 imputados.
Lo mismo ocurre con los fiscales y los policías; en total hay 40% de casos que se han estancado, porque, en promedio, cada fiscal ya tiene a su cargo 159 investigaciones, mientras que cada policía atiende 118 indagatorias.
En el caso de los jueces, cada uno atiende en promedio 104 causas penales. Esta situación se agrava si se tiene en consideración que en nuestro país hay una tasa de 0.9 jueces por cada cien mil habitantes, mientras que en Latinoamérica la tasa es de 10 por cada cien mil habitantes.
María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia México Evalúa, consideró que a esta situación se debe añadir el hecho de que se han implementado «leyes contradictorias» en torno al sistema penal acusatorio.
Por su parte Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), también criticó el uso de la prisión preventiva e hizo un llamado para que «el Estado mexicano retome los esfuerzos para la consolidación del sistema acusatorio. Hay un riesgo de retroceso».
Durante la presentación del documento los ponentes indicaron que dentro de todo lo malo debe resaltarse la labor de algunas entidades del país, donde el sistema de justicia penal ha mostrado mejores avances. Se trata de Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Yucatán, además de que se registró un buen progreso en Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México y Oaxaca.
En tanto, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Campeche son los estados que menos condiciones tienen para asegurar la implementación del sistema penal acusatorio.

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