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Comitán de Domínguez, Chiapas. – Una pequeña niña comiteca, María “N”, no pudo ser inscrita al Jardín de Niños “Gonzalo Enrique Ruiz Albores”, debido a que fue rechazada el 24 de enero de este año por la Directora Encargada, Patricia Zúñiga Solís, quien acusó a la madre de la pequeña de ser “muy conflictiva”.

Como se recordará, la Directora de esta institución “educativa” negó el derecho de preinscribirse a una menor a nuevo ingreso, hace ya siete meses.

Al principio puso como pretexto el hecho de que dicha menor, cuyo nombre nos reservamos para evitar más violaciones a sus derechos humanos, no tuviera hermanitos inscritos en la misma institución, cuando eso no debe ser condición alguna.

Sin embargo, minutos más tarde la madre denunciante pudo constatar que otras madres de familia, sin tener a más hijos en dicho kínder, sí lograron la preinscripción a primer grado, confirmando que se trató de una negativa disfrazada.

Fue entonces que regresó a confrontar a la directora encargada, Patricia Zúñiga Solís, del porqué de su negativa, y ésta le respondió que fue a indicaciones del Comité de Padres de Familia que decidieron cerrarle las puertas a la menor, debido a que es “una madre conflictiva”.

Esta negativa de la citada funcionaria no sólo es violatoria del artículo 3º de la Carta Magna, sino también del 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual señala que, “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria”. Leyes muy bonitas, en verdad.

“Es por esta razón que acudo ante esta instancia a fin de que se investigue a esta funcionaria conforme los artículos 324 y 325 del Código Penal de Chiapas, pues su actuación, independientemente de los pretextos o razones que argumente, constituye un delito, pues la decisión de no inscribir a mi menor hija atenta contra la dignidad de las personas, en este caso de mi hija y mío propio”, dijo la madre de la menor, María Apolinar Zúñiga Martínez, en oficio dirigido a la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Margarita Martínez Rodríguez, pero ni siquiera ahí le hicieron justicia.

La pequeña sigue sin ser inscrita en ningún jardín de niños debido a que, además, fue “boletinada” por la directora del jardín ya citado, a fin de que tampoco fuera recibida en los otros jardines de niños y niñas, y así ocurrió.

Lo peor de todo es que la madre también acudió a la Fiscalía General del Estado, y la querella fue radicada por el Agente del Ministerio Público de nombre Raúl Hernández Jiménez, pero jamás éste hizo algo para investigar el delito de discriminación, la violación de la norma sustantiva y la negación de un derecho humano fundamental: el derecho a la educación de una pequeñita de escasos tres años, debido a su cercanía con el abogado Víctor Manuel Moraga Altuzar, esposo de la directiva.

Ahora sólo queda la interposición de una demanda de amparo indirecto para solicitar la protección de la justicia federal, alegando interés jurídico,  por daño personal, actual y directo, esperando que, por fin, el juez de control constitucional le haga justicia a una pequeña que no tiene culpa de haber nacido en una entidad con autoridades insensibles y con instituciones y funcionarios públicos que se dejan comprar por unos cuantos billetes. Fsur.

PIE DE FOTO 1: Fiscal del MP jamás investigó caso de discriminación

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