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Chiapas lleva –por lo menos- cinco años gastando más de lo que ingresa

El presupuesto no le alcanza para cubrir sus erogaciones y la administración liderada por Manuel Velasco encontró en la deuda una solución.

Pero la combinación deuda-déficits del último sexenio se convirtió en fórmula para el desastre; Chiapas ha puesto en juego su capacidad de pago de deuda y la disponibilidad de recursos para ejecutar obras o expandir sus servicios públicos.

Los desequilibrios de los últimos años se deben a las importantes necesidades de inversión en infraestructura que ha enfrentado en los últimos años ante la destrucción causada por fenómenos naturales, justo cuando caía la recaudación fiscal y el crecimiento económico –en 1.6 y 0.2 durante 2015 y 2016- y las participaciones federales crecían a menor tasa, según Moody’s.

Tan sólo en 2017 el estado gastó 4 mil 808 millones de pesos más de lo que ingresó a sus arcas. Inevitablemente Chiapas ha incurrido en déficits a pesar de que -año con año- ha registrado ingresos mucho mayores a los que presupuesta oficialmente en la Ley de Ingresos.

Ese mismo año gastó 21por ciento más recursos de los que presupuestó en la ley, es decir, 99 mil 298 millones de pesos sobre un presupuesto original de 81 mil 891 millones. La mayoría de los recursos no contemplados en la ley los recibió a través de convenios y subsidios de la federación y, por supuesto, mediante la contratación de deuda.

De acuerdo con datos de la Cuenta Pública de Chiapas, la deuda bruta de la entidad aumentó 25 por ciento en los últimos cinco años, al pasar de 11 mil 960 millones de pesos en 2012 a 14 mil 904 en 2017; en el mismo periodo se incrementó el porcentaje del presupuesto que destinó a pagarla de tres por ciento a seis por ciento.

Si las finanzas de Chiapas continúan con desequilibrio fiscal disminuirá su calificación de capacidad de pago de deuda, así lo advirtieron Moody’s y Standard & Poor’s en los últimos nueve meses.

El hecho parece inminente, pues aunque las calificadoras consideren que aún cuenta con capacidad de pago, la perspectiva de que mejoren sus estados financieros es negativa, según Moody’s. La calificadora prevé que el déficit continúe en 2018 y que en 2019 represente 5.1 por ciento de los ingresos totales.

Una reducción de la calificación implica que los inversionistas y las instituciones financieras perciban a Chiapas como una entidad con un mayor riesgo de impago de sus compromisos, lo que se traduciría en tasas de interés más altas para el estado cuando solicite dinero para financiar sus operaciones, lo que presionaría aún más su presupuesto y estrecharía más el margen de recursos de libre disposición.

Pensiones, ponen en jaque finanzas

Las pensiones podrían ser la gota que derrame el vaso del déficit en Chiapas.

El estado tiene “presiones de gasto importantes” que provocarán que siga gastando más de lo que ingresa, asegura Moody’s, un “elevado pasivo de pensiones sin fondear” será sin duda una de esas presiones.

Chiapas destinó más de mil 600 millones de pesos al pago de pensiones y jubilaciones en 2017, un monto que representó 1.7% de sus ingresos totales; pero HR Ratings calcula que la administración entrante -a cargo de Rutilio Escandón de Morena- deberá otorgar una mayor cantidad de aportaciones extraordinarias al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech); la calificadora Standard&Poor’s coincide y asegura que las aportaciones extraordinarias se elevarán hasta 2.6 por ciento de sus ingresos operativos en 2018.

El Sistema de Pensiones de Chiapas se descapitalizó en 2011 y el fondo de reserva se terminó en 2014, es decir, el estado tiene cuatro años realizando aportaciones extraordinarias con gran afectación para sus finanzas. Las pensiones y jubilaciones en curso de pago suman 38 mil 588 millones de pesos con un monto promedio de 14 mil 250 pesos por pensión para más de 6 mil 300 personas.

Además de las pensiones, Chiapas ha crecido su gasto operativo de manera significativa en el último sexenio. Los recursos para remuneraciones al personal crecieron 45 por ciento de 2012 a 2017, y 40 por ciento las transferencias de recursos a secretarías y otras instancias de gobierno en el mismo periodo. Fsur.

 

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