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Ciudad de México. – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que, pese a contar con uno de los mecanismos jurídicos más eficaces contra los fenómenos de discriminación y violencia, en México la tutela efectiva de los derechos de la población indígena no se ha consolidado plenamente en el sistema de prácticas sociales, jurídicas y políticas.

En un comunicado difundido este jueves, el organismo señaló que subsisten obstáculos como la persistencia de prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas; violencia de género contra niñas, niños y adolescentes indígenas; feminicidios contra mujeres indígenas, y resistencia social y comunitaria a la participación política de las mujeres indígenas.

También, falta de reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y la inobservancia del derecho a la consulta libre, previa e informada; ausencia de empleos bien retribuidos y tolerancia del trabajo infantil y sus peores formas; falta de regulación de las empresas trasnacionales extractoras de recursos naturales (mineras y eólicas), y dificultad en el acceso a la justicia de las personas indígenas, incluida la problemática de personas indígenas en reclusión.

Destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, el 75.6% de las 39 mil 101 personas entrevistadas en sus hogares considera que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente, y 49.3% estima que los derechos de esa población –compuesta por 15.7 millones de personas, de las cuales 6.6 millones hablan una lengua originaria– son poco o nada respetados.

En tanto, el 40.3% de las personas indígenas declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación, como rechazo o exclusión de actividades sociales, le hicieron sentir o miraron de manera incómoda, recibió insultos, burlas o le dijeron cosas que le molestaran; recibió amenazas, empujones o jaloneos, o le obligaron a salir de una comunidad.

Algunos de los hechos violatorios de derechos humanos de personas y comunidades indígenas más frecuentes en el periodo 2015 a julio de 2018, incluidas personas jornaleras indígenas, son, entre otros: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas indígenas; prestar indebidamente el servicio público; trato cruel, inhumano y degradante; acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad; detención arbitraria; omitir proporcionar atención médica; omitir proporcionar intérprete o traductor si no habla el idioma, y omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho.

En relación con esos hechos, en el periodo de referencia se emitieron 17 recomendaciones específicas, una conciliación y dos recomendaciones generales (27/2016 y 31/2017), que versaron sobre el derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, inadecuada atención médica, violación al derecho a la protección de la salud y la vida, acceso a la información en materia de salud, consentimiento informado en servicios de anticoncepción, libertad y autonomía reproductiva y violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, así como discriminación a personas indígenas y privación ilegal de la libertad e impedimento al derecho a la educación.

En el mismo periodo, los derechos más vulnerados son: a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, de petición, a la igualdad, a la libertad y a la legalidad.

La CNDH expresó su convicción de impulsar aún más la cultura de respeto y observancia de los derechos fundamentales para prevenir la discriminación y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, lo que –subrayó– es parte de la estrategia para que transiten de una situación de vulnerabilidad a una en que sean sujetos plenos de Derecho. Fsur.

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