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Durante más de 16 meses, las autoridades mexicanas invirtieron recursos económicos, humanos, científicos, entre otros, para apuntar la investigación de los 43 normalistas desaparecidos hacia el basurero de Cocula, Guerrero, justo el lugar donde dos grupos de expertos independientes han asegurado que no hay indicios que ahí se hubieran asesinado o quemado a los estudiantes.

Para los familiares de los jóvenes desaparecidos y las organizaciones que los acompañan, esos 16 meses no sólo representan el tiempo en que se desvió la investigación sino además días y semanas en que el Gobierno dejó escapar horas vitales de búsqueda.

“En caso de desaparición, lo han dicho los expertos, las primeras 72 horas son clave, pero aquí dejaron pasar más de 16 meses. Es mucho tiempo desperdiciado en una hipótesis carente de prueba científica, y seguramente en ese tiempo se ha perdido evidencias y entonces encontrar la verdad se vuelve más desafiante”, comentó Santiago Aguirre, subdirector del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos. La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó, luego de declaraciones de detenidos, que los muchachos fueron quemados en el basurero de Cocula y los restos fueron colocados en bolsas y arrojados al Río San Juan.

Sin embargo, en diciembre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descartó que la noche del 26 de septiembre hubiera un incendio en el basurero de Cocula.

El día de ayer, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó en un informe que la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo fuego en el basurero de Cocula, y con ello, la versión oficial de la Procuraduría General de la República quedó científicamente descartada.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los 43, dijo que la hipótesis de Cocula sólo provocó que durante 16 meses la investigación estuviera “congelada” y con ello no se realizaran pesquisas sobre el quinto camión, se interrogaran a militares, se indagara la relación entre la delincuencia organizada y cuerpos de seguridad, ni tampoco se hubiese realizada operaciones estratégicas de búsqueda.

“No hubo una apuesta institucional para dar con la verdad”, comentó Rosales, quien pidió a la PGR que olvide la hipótesis de Cocula y destine los recursos humanos y económicos a nuevas líneas de investigación.

COCULA, NADA DE LOS 43

Los expertos argentinos explicaron que en el mapeo, donde se estudiaron restos de plantas y otros elementos, se concluyó que al menos hubo dos fuegos, uno de mayor intensidad que otro, pero ninguno de la intensidad de la cual habla la llamada “verdad histórica”, la cual refiere que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero de Cocula.

Los expertos agregaron que si bien no se realizó la quema de cuerpos de los normalistas, sí hubo diversos eventos de fuego días después; incluso hubo elementos óseos que fueron carbonizados o expuestos a altas temperaturas, pero no están relacionados con los normalistas.

“No existen elementos científicos suficientes, por el momento, para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva, hasta la fecha, de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio”, refiere el informe del EAAF.

Sobre los restos óseos hallados en el sitio, se encontraron 19 muestras pertenecientes a huesos humanos –que se presume fueron incinerados en el sitio pero no la noche de caso Iguala–. Los expertos agregaron que además hubo restos indeterminados y de animales no humanos.

Por otra parte, los peritos de la EAAF detallaron que desde 2010 existieron varios incendios en el basurero y que el análisis de plantas y troncos hallados en la zona refiere que no estuvieron expuestos a calor, significativamente.

Sobre la evidencia balística, el Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que fueron encontrados 132 casquillos, de los cuales 42, según las condiciones en que fueron encontrados, sugieren que fueron deliberadamente depositados en el basurero de Cocula el 15 de noviembre de 2015, cuando el lugar ya no estaba custodiado.

EL CASO SIGUE ABIERTO: PGR

Los padres de familia de los normalistas exigieron a la PGR que reoriente la investigación y se olvide de Cocula. Incluso, algunos de los familiares exigieron castigo a todos los funcionarios que participaron en la llamada “verdad histórica”.

“Fue muy bien coordinada la ‘verdad histórica’, pero las contundencias de este informe tiran su verdad histórica”, dijo Mario González, uno de los padres de familia de los 43.

Blanca Nava, otra familiar, expuso que las mentiras de las instituciones han dañado a los familiares. Sin embargo, agregó que ellos nunca dejaron de buscar la verdad por medio de la ciencia.

El vocero Melitón Ortega, a su vez, acusó que el Gobierno inició una campaña de mentiras que afectaron la investigación, por ello demandó a las autoridades respaldar el informe de los peritos argentinos y reconfigurar la investigación.

Ayer por la mañana los familiares del caso Iguala entregaron ala PGR este nuevo informe del EAAF. Por la tarde, la institución informó que el documento fue recibido y será analizado por el Ministerio Público de la Federación.

“El Ministerio Público de la Federación reitera que este caso no está cerrado; las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial”, precisó la dependencia en un comunicado.

Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó hoy de “ficción” la versión oficial del Gobierno mexicano que establece que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula.

El informe del EAAF divulgado hoy “refuerza la conclusión de que la llamada ‘verdad histórica’ sobre lo que ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos fue una ficción”, señaló en un boletín.

“Lo que México necesita no es sólo que se esclarezca el paradero de los estudiantes desaparecidos (en septiembre de 2014), sino también que se investigue la actuación de las autoridades que presentaron la versión oficial infundada”, consideró Vivanco.

Ello incluye investigar el proceder ” del propio ex Procurador General de la República, Jesús Murillo, para que responda por su papel en perpetuar la impunidad”, añadió.

De hecho, el abogado del caso Vidulfo Rosales informó que formalmente ya se le pidió al Presidente Enrique Peña Nieto a que se investigue a los funcionarios que hayan obstruido la investigación; no obstante, no se sabe si su demanda prosperó.

Santiago Aguirre, del Centro Prodh, detalló que existe responsabilidades políticas y legales, y ante ello los peritos que defendieron la “verdad histórica” deben salir a defender su hipótesis y rendir cuenta a la población mexicana.

Además, Aguirre agregó que es complicado proceder legalmente contra el ex Procurador Jesús Murillo Karam, pero aún así, existen formas de responsabilizarlo, aunque ahora la prioridad, destacó, es encontrar a los muchachos.

“Para hacer responsables a funcionarios de la Procuraduría [PGR] por inación u omisión, el mecanismo debería apuntar a aquellos que firmaron alguna diligencia del expediente y ciertamente no hay ninguna diligencia firmada por Jesús Murillo Karam [ex Procurador General de la República]. Entonces, una estrategia cuya finalidad sea proceder legalmente contra él enfrentaría muchas dificultades, pero no es la única manera de responsabilizarlo, pues él estuvo a la cabeza de esa institución”, dijo. Fsur.

 

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