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Catorce amparos –tramitados en diferentes estados– están en proceso para eliminar órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Iguala, Guerrero, involucrados en el homicidio de seis personas y la desaparición de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014. Los padres de familia de los estudiantes informaron que se les ha negado información, puesto que saben que al menos un juez de distrito ya falló a favor de la protección de un oficial, el cual argumentó que no existió grado de participación por parte del uniformado; sin embargo, los inconformes aseguraron que el Poder Judicial está “ayudando” a los  culpables.

En la marcha, realizada el día de ayer en las principales calles de la Ciudad de México, el descontento sobre los amparos fue generalizado entre los contigentes. Inclusive un grupo de padres ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Ministro Presidente, Luis María Aguilar Morales, hiciera un llamado a los tribunales locales y federales para trabajar con imparcialidad y brindar certeza a los deudos y familiares.

“Nosotros tenemos conocimiento de un amparo, pero vienen 14 en camino. Al menos 14 están en proceso”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del caso, quien agregó que con estas acciones no sólo se está afectando la investigación –”la cual ya tiene muchas irregularidades”, expresó–, sino que se les está negando la justicia a las víctimas y a sus familias.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, detalló que las autoridades les han negado información sobre las causas penales del caso, por tanto no se puede saber el número exacto de amparos promovidos o las resoluciones.

Sin embargo saben que uno de ellos, es el 493/2014, interpuesto en 2015 en Iguala, Guerrero, por el oficial preventivo Abraham Acevedo Popoca, el cual fue concedido contra la orden de aprehensión por el delito de homicidio, dentro de la causa penal 2016/2014-2, que se tramita en Hidalgo.

“Sabemos que todos van en ese sentido, en contra de las órdenes de aprehensión, por eso queremos que la Suprema Corte, como máximo tribunal de justicia, haga algo”, refirió De la Cruz, quien lamentó que en un principio no dejaran pasar a los familiares de los 43 a las instalaciones de la SCJN, pues opinó que: “No somos delincuentes, si este edificio lo paga el pueblo, debe estar abierto al pueblo”.

A pesar que los manifestantes saben los límites que tiene la Suprema Corte, desean que los magistrados puedan dar su opinión, una vez conociendo el caso y la lucha por Ayotzinapa, la cual ayer martes cumplió 16 meses.

Por otra parte, se realizó un mitin en la Procuraduría General de la República (PGR) donde familiares de Julio César Mondragón Fontes –joven asesinado y desollado en Iguala–, pidieron a las autoridades que les entreguen el cuerpo del estudiante normalista.

Junto a un ataúd vacío, Marisa Mendoza, viuda de Julio César, comentó que existen “trabas burocráticas”, las cuales han impedido que el joven tenga “una sepultura digna”.

Además aseguró que Mauro Taboada Salgado, detenido hace unos días junto con otras dos personas presuntamente por el asesinato del normalista, no se encuentra legalmente recluido por homicidio, sino por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, esto a pesar que Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, asegurara que estaba relacionado con el caso Ayotzinapa.

El padres, hermana y la esposa de Julio César Mondragón también dijeron que la investigación del asesinato estuvo plagada de deficiencias e irregularidades, pues no se examinó toda la ropa y uno de los ojos de muchacho.

Durante la jornada de protesta, justo frente al “antimonumento” +43, ubicado en la esquina de Paseo de la Reforma y avenida Bucareli, Ciudad de México, los padres de los 43 hicieron un llamado a familiares de víctimas desaparición en todo el país para formar un sólo frente y conseguir justicia.

En México, de acuerdo con cifras oficiales, suman más de 23 mil personas desaparecidas desde 2007, sin embargo, las organizaciones civiles aseguran que podría tratarse de muchos más.

“Los familiares que tienen un preso político o una familiar desaparecido los invitamos para hacer una sola lucha, para que así exijamos lo que nos corresponde por derecho”, dijo uno de los padres durante la marcha que avanza por Paseo de la Reforma.

Agregaron que han sido 16 meses de dolor y sufrimiento, pero no de claudicación.

“Son 16 meses en que el Gobierno se ha equivocado con nosotros, porque no vamos a parar hasta encontrar a nuestros hijos”, dijo Maximino Hernández Cruz, padre del normalista Carlos Hernández Muñoz.

Finalmente terminaron la manifestación en la Suprema Corte de Justicia, donde reiteraron que: “Los jueces de distrito están argumentando falta de grado de responsabilidad y participación de los policías, con ello el Poder Judicial está haciendo comparsa de los asesinos”. Fsur.

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