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Viejas rivalidades, ancestrales inclusive, y las religiones, causaron un verdadero desplazamiento de familias enteras de sus comunidades. Uno de los problemas medulares a que se enfrentó el gobierno, fue precisamente el de restañar el tejido social que había sido roto por luchas entre hermanos.

La situación no era nada fácil, se habían acumulado a lo largo de los años con la complacencia de autoridades, el mapa indígena de Chiapas tenía demasiados puntos en conflicto. Pero todos a través de la negociación y el diálogo se fueron resolviendo, entre el año 2001 y 2006

Facilitar que miles de chiapanecos desplazados por viejas diferencias retornaran a sus lugares de origen, fue siempre un compromiso de Pablo Salazar a lo largo de su campaña política. A su llegada al gobierno, una de las primeras medidas fue precisamente esa, realizar un diagnóstico para visualizar el problema y definir las acciones tendientes a favorecer la distensión entre comunidades.

Para esto, nombró a Juan González Esponda, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, para encabezar la Comisión de Reconciliación de Comunidades en Conflicto, cuya misión era precisamente generar las condiciones y los acuerdos políticos entre las comunidades y las organizaciones sociales para construir de manera conjunta las condiciones para la reconciliación y la paz. Para crear los espacios de resolución de los conflictos a través del diálogo respetuoso, incluyente y propositivo. El primero de febrero de 2001 Salazar anunció:

“Para que a una sociedad en conflicto vuelvan la armonía y la concordia, es necesario que el gobierno construya los espacios de encuentro, atienda los reclamos de agraviados, escuche a todos los involucrados y dé su lugar a cada una de las partes.

“Se requiere también que los integrantes de las propias comunidades en conflicto estén dispuestos a iniciar procesos de acercamiento en los que prevalezcan verdaderas actitudes de reencuentro y a ser generosos con quienes han sido ofendidos.

“No puede hablarse de reconciliación genuina, si por voluntad de poder, por intereses creados o por espíritu de venganza, quien habla no está dispuesto a dar y quien escucha endurece su corazón.

“La armonización de las relaciones sociales en comunidades en conflicto, reclama además, que el gobierno y la sociedad construyan estructuras de cooperación y espacios de solidaridad que permitan reordenar su acción colectiva.

“Sobre la base de estos principios, quiero informar que he nombrado al maestro Juan González Esponda como Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto, cuyas tareas primordiales serán las siguientes:

  1. Generar las condiciones y los espacios para la realización de un diálogo plural, tolerante, democrático y respetuoso entre el gobierno estatal y las comunidades, así como entre los integrantes de las propias comunidades que se encuentran desgarradas por viejos y nuevos conflictos, con el propósito de construir puentes de entendimiento y avanzar en un proceso de distensión que ponga fin a los enfrentamientos y la enemistad social.
  2. Lograr la reconciliación al interior de las comunidades y entre las comunidades y las organizaciones sociales, tomando como principio el respeto a la vida y la dignidad de las personas.
  3. Promover la armonía de las relaciones sociales y políticas que permita a las y los chiapanecos construir una nueva unidad social, respetando la diversidad y la pluralidad, para avanzar en el desarrollo de nuestros pueblos y consolidar el bienestar común, en un ambiente de solidaridad y corresponsabilidad.
  4. Solucionar las causas de los enconos y la violencia potenciando los recursos humanos y materiales del Estado mediante el concurso y consenso de todos los pueblos y comunidades.
  5. Construir una cultura de reconciliación y paz, fundada en la justicia y el respeto a los derechos humanos.
  6. Identificar, analizar y diseñar estrategias de solución a los conflictos en la región Norte, en especial en la zona Chol, Chamula, Venustiano Carranza, Margaritas, Chenalhó, Simojovel, El Bosque, Chimalapas, entre otros.

“El respeto a la palabra y al pensamiento de las partes involucradas será un principio metodológico central en el modo de operar del comisionado para la reconciliación de comunidades en conflicto, respetando siempre y en todo, la voluntad, los derechos y la dignidad de las partes”.

Salazar sabía que tenía que generar condiciones de distensión en las zonas, primero como un paso necesario, y después, para coadyuvar con el proceso de paz entre el gobierno federal y el EZLN, atendiendo con eficacia los conflictos en las márgenes de la tensión central. Por ello, consideró que:

“La negociación no debe ser en sí misma un espectáculo. Vamos a privilegiar los encuentros privados con resultados públicos para que las comunidades puedan desahogar los sentimientos y sus pasiones con toda libertad”. Esta frase de Salazar dimensionaba correctamente los objetivos, mismos que fueron reforzados por González Esponda, quien advirtió que no iría a las comunidades a imponer estrategias de reconciliación, como se hacía antes, “se trata de invitar a las comunidades y pueblos en conflicto a que acudan para iniciar procesos de diálogo que nos permitan ir definiendo agendas y procedimientos para buscar solución a los conflictos”.

Esta nominación y la creación de este organismo estatal permitieron abordar el entramado social pulverizado y convulsionado en lo político, agrario, religioso y social. La estrategia de intervención del Comisionado para la Reconciliación de Comunidades en Conflicto se articuló a partir de los siguientes ejes:

  • Identificación del problema
  • Establecimiento de contacto con y entre las partes involucradas
  • Construcción de acuerdos y consensos.
  • Seguimiento y verificación de los acuerdos.

La prioridad del gobierno de Salazar fue detener el surgimiento de nuevos conflictos y evitar que los existentes tuviesen desenlaces violentos, estableciéndose espacios de diálogo y de negociación de las partes con la mediación del Gobierno del Estado. Unos meses después llegaron los primeros frutos.

  • Retorno de desplazados

Sólo entre 2001 y 2002 el gobierno del estado propició el regreso a sus comunidades de origen de más de cuatro mil personas desplazadas, integrantes de 446 familias que en su mayoría regresaron a sus comunidades de origen y algunas fueron reubicadas, luego de que las partes en conflicto firmaron acuerdos de reconciliación y de respeto mutuo. La acción era contundente. En uno de estos retornos Salazar señaló que:

“Cada retorno es como un regreso a la vida. Así como la planta no puede sobrevivir sin su ambiente natural fuera de la tierra, así los seres humanos cuando somos arrancados de la tierra donde nacimos y crecimos, donde están nuestros vivos y nuestros muertos, sufrimos también una muerte lenta. Es por eso que el desplazamiento equivale a un genocidio”. (Retorno de 26 familias cristianas desplazadas, a la comunidad de Justo Sierra en Las Margaritas).

Así se desarrollaba el recuento.

Cuatro familias (20 personas) desplazadas de la comunidad de San Andrés Quintana Roo, en el municipio de Sabanilla

Once familias (48 personas) de las comunidades de Chimix y Canolal, retornaron a sus lugares luego de permanecer desplazados desde 1997. Esto se logró con la firma del acuerdo de reconciliación y convivencia pacífica signado con las autoridades comunitarias y constitucionales del Ayuntamiento de Chenalhó. Estaban refugiados en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios. Estas dos comunidades del municipio de Chenalhó se sumaron al beneficio de más de 4 mil 400 personas desplazadas que retornaron a sus hogares por la vía pacífica, y sin la utilización de la fuerza pública.

Luego, 47 familias integrantes de la Organización Civil “Las Abejas”, retornaron a su comunidad de origen, después de haber permanecido por casi cuatro años desplazadas en Chenalhó y San Cristóbal de Las Casas.

Las 255 personas tzotziles iniciaron el retorno a sus hogares, a las comunidades Nueva Esperanza y Canolal, en donde se reintegraron a la vida comunitaria, tras permanecer fuera de sus hogares desde 1997, a causa de la matanza de Acteal.

La política establecida para permitir el retorno de desplazados era todo un éxito y el mismo gobernador acompañó a 538 personas de 107 familias de las comunidades de Quextic Centro, Poblado Quextic, Tzajalhucum y Acteal Alto del municipio de Chenalhó.

El acuerdo signado establecía el respeto al derecho a la vida y la integridad física, a la propiedad agraria y comunal, a la igualdad, a la libertad, a la diversidad cultural, de profesar creencias religiosas, de expresión y participación política, así como de libre tránsito en comunidades dentro del municipio.

Un grupo de 189 personas integradas en 35 familias de la Sociedad Civil “Las Abejas” retornaron a su comunidad de origen, tras permanecer desplazadas desde 1997 en el campamento X’oyep. Llegaron a la comunidad de Miguel Utrilla Los Chorros, su lugar de origen.

“A nadie le pedimos que olvide lo que pasó. Si nos olvidamos corremos el riesgo de que volvamos a cometer el mismo error. Mantengamos fresca la memoria para no agudizar el sentido de venganza en nosotros. Conservemos fresca la memoria para que no volvamos a vivir estas páginas horribles y negras que hemos tenido que padecer en la historia de Chiapas”, les dijo Pablo Salazar en un improvisado discurso.

El gobernador ya había encabezado el primer retorno de desplazados, en agosto en las comunidades de Chuchtic, Yashgemel y Puebla, en el municipio de Chenalhó. Esto mismo se replicó en comunidades de Huitiupan, Sabanilla, Tila y Tumbalá, de tal manera que al término del sexenio de Salazar habían retornado a sus comunidades de origen o habían sido reubicadas más del 90 por ciento de las familias que en 2001 fueron identificadas en esa condición (14 096 personas). A este esfuerzo se sumaron diferentes dependencias del gobierno del estado: Secretaría de Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Secretaría de Gobierno Pueblos Indios, Fiscalía de Justicia y otras. Incluso, Salazar logró que el gobierno federal, a través de la CDI, que el Congreso de la Unión aprobara un recurso financiero destinado exclusivamente para atender a la población internamente desplazada.

  • Reapertura de templos católicos.

Como una consecuencia del conflicto zapatista o como parte de él, en los municipios de Tila y Sabanilla, en el norte del estado, los grupos que no simpatizaban con el movimiento armado, en un hecho inédito, desahogaron su ira e inconformidad clausurando los templos católicos e impidiendo la entrada de los párrocos a ofrecer los servicios religiosos.

La reapertura de los templos, fue uno de los retos más difíciles que el gobierno de Pablo Salazar tuvo que enfrentar. Fueron arduas jornadas de aproximaciones y encuentros encabezados por el comisionado con esos grupos, que al fin dieron uno de los frutos más importantes en el esfuerzo por buscar y construir una paz genuina.

“Este hecho, que esencialmente debiera ser la fiesta de los católicos, se ha vuelto fiesta de todos. Y lo es, porque es un motivo por el que nos hemos desvelado mucho en este gobierno. Queremos que haya reconciliación y concordia.

“Este es un ejemplo para muchas comunidades que buscan cauces de solución a sus antagonismos…Hay alguna parte del corazón humano en el que la política no puede entrar, pero sí la fe… Los mundos en que nos movemos la Iglesia y el Estado son diferentes pero pueden ser complementarios cuando convergen nuestros intereses a favor de la justicia, la paz y la reconciliación. Ahí debemos de encontrarnos, y especialmente, las iglesias van hallar en su camino a este gobierno cuando busquemos lo mismo…Desde antes del 8 de diciembre, nuestro gobierno optó por no ponerse de lado de la violencia ni ser promotor de problemas, sino parte de las soluciones.

“En Chiapas, muchos han muerto y han matado injustamente en nombre de la religión. La han usado como pretexto para perseguir, para expulsar, para apoderarse del patrimonio de familias enteras…En mi gobierno, ya no se seguirá usando a la religión como excusa; los vamos a desenmascarar porque ya no queremos que nadie tenga que matar o morir por un motivo aparentemente religioso”.

Estas fueron las palabras de Pablo Salazar cuando, el 14 de febrero de 2002, fue reabierto el templo católico de San José El Limar, en la zona baja del municipio de Tila, unos años antes campo de batalla de una guerra de aniquilación entre hermanos.

Los mecanismos de reconciliación estaban funcionando. Para el 2003 el número de desplazados que retornaban a sus lugares de origen aumentó. Tan sólo en Chenalhó, más de dos mil familias estaban ya en sus hogares, derivado de un acuerdo de reconciliación.

La acción preventiva y de atención directa a conflictos existentes, incluía talleres, encuentros y propuestas curriculares para incluir la cultura de paz en los libros de texto de educación básica.

La enseñanza de la cultura de paz y la resolución pacífica de las diferencias en las niñas y los niños, eran vitales porque en diez o quince años ellos serían ya ciudadanos con mayoría de edad y para entonces deberían hacer las cosas de otra manera, con esquemas incluyentes, democráticos y sin indicadores de violencia. Durante el sexenio de Salazar Chiapas tuvo la presencia de diversos organismos promotores y constructores de paz en el mundo, así como de personalidades como la del Dr. Francis Deng, relator de la ONU para las personas internamente desplazadas en el mundo y del Dr. Johan Galtung, mediador en conflictos bélicos internacionales y teórico de la cultura de paz y la reconciliación.

Con los nuevos esquemas “Se pretende lograr la estabilidad política en donde hubo o haya conflictos, curando las heridas, eliminando los odios, rencores y rencillas, fomentando el encuentro de los grupos en conflicto a través, primero, del diálogo indirecto para discutir los problemas y encontrar posibles soluciones… dada la diversidad y tamaño del territorio chiapaneco, se atiende una gama de asuntos que generan conflictos en las comunidades que van desde desplazamientos, regularización de autoridades comunitarias, sea por problemas agrarios, políticos o diferencias ideológicas, consolidando los esfuerzos de reconciliación que el gobierno del estado realiza desde el 2001”.

Al gobernador le quedaba claro que la reconciliación era una tarea importantísima. Luego de tres años, los conflictos religiosos, por ejemplo en Chiapas habían disminuido en un 93 por ciento. Los lazos tendidos para atenuar los efectos de los conflictos religiosos fueron buenos. En una radiografía expuesta ante un foro latinoamericano sobre religión y etnicidad, señaló “La sociedad chiapaneca presentaba una dura fragmentación y un cuadro de conflictos en el que se mezclaban aspectos religiosos, reivindicaciones étnicas y planteamientos socioeconómicos al lado de los factores políticos. Era un cuadro social de complejidad extrema, como lo definían los propios científicos sociales”.

El gobierno impulsó la reforma del Código Penal en donde se establecieron los delitos contra la dignidad de las personas, y se contempló la discriminación por motivos religiosos. Se distribuyó entre autoridades municipales, líderes religiosos y representantes comunitarios la Ley de Asociaciones Religiosas, traducida a las principales lenguas indígenas, tzotzil, tzeltal, tojolabal y chol.

Además el gobierno se convirtió en facilitador de la reactivación del Consejo Interreligioso de Chiapas, en donde participaban diversas iglesias con mayor representatividad.

La creación de la subsecretaría de asuntos religiosos a cargo del abogado José María Morales Medina, jugó un papel altamente relevante en la promoción de la cultura de tolerancia y el diálogo entre religiones .

El gobierno logró poco a poco, con el impulso de políticas públicas, inspiradas en la cultura de paz, la construcción de un nuevo tejido social a partir del respeto a los marcos legales nacionales e internacionales. Es decir, desde el seno mismo de las comunidades indígenas se construyeron condiciones sociopolíticas para una nueva convivencia a partir del reconocimiento de sus derechos y el fortaleciendo de la reconciliación entre los diversos actores políticos del estado.

La plataforma para un nuevo Chiapas, fincado en la cultura de paz y la justicia social, estaba construida.

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