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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en ingles) consideró que el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril “provee una ilustración alarmante de las amenazas y la violencia que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en México”.

“El asesinato de Rubén Espinosa, un fotoperiodista cuya cobertura de las cuestiones sociales en el Estado de Veracruz le valió la ira de los funcionarios estatales, plantea también serias dudas sobre el preocupante patrón de homicidios de periodistas en México, en particular los de Veracruz”, refirió el Think Tank estadounidense.

La muerte de Espinosa, de 32 años, con un tiro de gracia en la cabeza, fue el desenlace de una serie de intimidaciones que sufrió en Veracruz, Estado en el que trabajaba desde hacía ocho años y de donde se fue en junio tras denunciar amenazas y hostigamiento.

Espinosa trabajaba para AVC noticias de Veracruz y era corresponsal de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro. Su cadáver fue hallado el pasado 31 de julio en Ciudad de México, junto al de cuatro mujeres, varias de ellas identificadas como activistas sociales de Veracruz.

WOLA recordó que en los últimos años, “Veracruz se ha vuelto especialmente peligroso para las vidas de periodistas: cuatro de los siete periodistas asesinados este año eran de ese estado y 13 periodistas de Veracruz [Rubén fue el número 14] han sido asesinados desde que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa asumió el cargo en 2010″.

Dijo que a menos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para proteger a los periodistas y enjuiciar a los responsables de estos crímenes, “su expresado compromiso a la libertad de expresión, son nada más que palabras en contra de una realidad de asesinatos y agresiones en contra de periodistas en el país”.

Recordó que este año fueron asesinados en Veracruz Armando Saldaña Morales de La Ke Buena 100.9 FM, quien había informado sobre la participación del crimen organizado en el robo de petróleo de los oleoductos, y José Moisés Sánchez Cerezo de La Unión, quien reportaba con frecuencia las actividades criminales y criticaba a los funcionarios locales, en particular al Alcalde, Omar Cruz Reyes, así como el Gobernador Javier Duarte de Ochoa.

“Este patrón parece haber continuado el 31 de julio con el descubrimiento de los cuerpos de cinco jóvenes que habían sido asesinados brutalmente en un barrio de clase media en la Ciudad de México. Una de las víctimas fue Rubén Espinosa. Trabajaba para dos revistas mexicanas reconocidas, Proceso y Cuartoscuro. Espinosa había cubierto los movimientos sociales y los derechos humanos en Veracruz y denunciaba los ataques en contra de los periodistas en ese estado, frecuentemente por parte de funcionarios estatales. Como resultado, él se convirtió en una víctima de acoso y ataques y en junio del 2015 huyó de Veracruz, en busca de un refugio seguro en la Ciudad de México”, indicó la organización.

MÁS LEÑA A LA INDIGNACIÓN

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos dijo que estos asesinatos han añadido leña al creciente descontento popular en México. “Miles de mexicanos han salido a las calles para protestar en contra de su asesinato y la impunidad casi total de los ataques contra periodistas en el país. Usando el hashtag #JusticiaParaRuben, activistas, periodistas y analistas han utilizado Twitter para pedir una investigación sobre la muerte de Espinosa”, refirió.

El grupo civil dijo que el asesinato “es un recordatorio terrible” de las amenazas a la libertad de expresión en México.

“México es uno de los países más peligrosos en las Américas para ejercer el periodismo: 102 periodistas fueron asesinados entre 2000 y 2014″,  detalló en base a datos de la la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que ha reportado la desaparición de 24 periodistas en el mismo período.

WOLA destacó que el gobierno de México ha fallado al proveer a los periodistas una protección eficaz contra las amenazas.

Mencionó que aunque en 2012, periodistas y los defensores de los derechos humanos lograron la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, éste “ha caído muy por debajo de su mandato de proporcionar protección urgente a los defensores y periodistas que se encuentran en riesgo”.

“Sus deficiencias son muchas. Cambios en el personal y el liderazgo han sido frecuentes; su presupuesto es ineficiente; las medidas de protección son a menudo ineficaces; y frecuentemente las autoridades estatales y locales no son cooperativas”, denunció la organización.

Dijo que de acuerdo con un nuevo informe de las ONGS que participan en la supervisión del Mecanismo (Espacio OSC), publicado el 28 de julio de 2015, el Mecanismo sufre una falta de recursos, de personal y de apoyo político.

“El resultado de esta violencia generalizada contra el periodismo es una creciente autocensura que plantea preguntas inquietantes acerca de la libertad de prensa en México. Como dijo Alfredo Corchado, Jefe del Bureau de Dallas Morning News ubicado en la Ciudad de México, en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos el 28 de julio, ‘hoy en día, hay regiones en México donde los periodistas han optado por autocensurarse. En otras palabras, no ven nada, y no dicen nada. Estos son conocidos como regiones de silencio’”, detalló WOLA.

El Think Tank estadounidense dijo que por ello son necesarias y urgentes mejoras en las medidas de protección a corto plazo para los periodistas que deben ir acompañados de investigaciones efectivas.

“Ya sea debido a la falta de voluntad o falta de capacidad, el gobierno de México no ha investigado las amenazas contra periodistas: el Comité para la Protección de los Periodistas informó que sólo el 10 por ciento de los asesinatos de periodistas desde 1992 han dado lugar a una condena. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2013 los perpetradores en el 89 por ciento de los casos de asesinatos y desapariciones de comunicadores nunca fueron investigados o sancionados”, refirió.

Dijo que a menos que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos para proteger a los periodistas y enjuiciar a los responsables de estos crímenes, su expresado compromiso a la libertad de expresión, son nada más que palabras en contra de una realidad de asesinatos y agresiones en contra de periodistas en el país. Fsur.

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